Se calcula que el costo de la corrupción alcanza el 8.9% del PBI; aproximadamente 11 mil millones de soles (Informe Contraloría 2016). Ese monto equivale a todo el presupuesto del sector Educación y es siete veces el presupuesto de Jus­ticia. Hace un año, Diego Ma­cera, en El Comercio, escribía que el 92% de los alcaldes del país (casi 1700 de 1841) son investigados por actos de co­rrupción “vinculados a los deli­tos de peculado de uso, malver­sación de fondos, negociación incompatible y colusión”. Son millones, por ejemplo, que se van al pago de coimas por asig­nación de obras públicas. 

El economista Tomas Pikke­ty escribía que la desigualdad es “violenta simbólicamente”, no es una agresión física, pero agrede a la sociedad y ésta la consciente como normal. El sociólogo Pierre Bourdieu también usó este concepto. La des­igualdad es asumida con “nor­malidad”, y aunque es impues­ta socialmente, se asume como natural en la vida cotidiana. La corrupción, igualmente, es vio­lenta simbólicamente; agrede nuestras vidas y corroe nues­tra legitimidad sobre el siste­ma; y si bien existen reacciones de protesta y movilizaciones donde se evidencia corrupción, ellas no son constantes. Sobre todo se hace normal, diluye in­ dignaciones, se asume con una naturalidad fatal.

Muchos peruanos asumen pasivamente y como “natural” la corrupción; cómo los recur­sos públicos se van a manos privadas por el acceso clien­telista al poder; cómo funcio­narios públicos se benefician de su posición y poder. Los cos­tos de corrupción son ya par­te de las diversas canastas fa­miliares (la coima es parte del presupuesto); ésta desalienta y diluye la legitimidad de los Gobiernos y expande un vi­rus de desconfianza en el sis­tema político. Según Proética (Informe 2015), el 46% de pe­ruanos considera a la corrup­ción como el principal proble­ma del Perú.

La corrupción expandida na­cional y subnacionalmente tie­ne inmensos costos sociales y económicos: menos recursos para los más necesitados, obras públicas sin calidad, negocios bloqueados, inversionistas pos­tergando proyectos, etc. Des­de el Poder Judicial o la políti­ca no hay respuestas efectivas aún, los Estados son sustraídos desde dentro y fuera. Pero lo más costoso es la secuela de la violencia simbólica, es la na­turalización de la corrupción, la reproducción ampliada de la desconfianza entre todos y hacia las instituciones. Ello tie­ne un inconmensurable efec­to depredador en la cohesión social y en nuestra democra­cia. Actuemos.

Publicado en Exitosa Diario, 12  de mayo del 2016