Se dice y repite por todos los medios que el Perú es un país informal. La informalidad de las viviendas es rural y urbana; solo en las ciudades se calcula que el 70% de las construcciones de vivienda son informales o familiares. El comercio en su gran mayoría no entrega recibo ni factura; las calles del Perú están llenas de transacciones y productos informales (libros, juguetes, gaseosas, aguas). En el mercado laboral se calcula que más del 90% de los contratos jóvenes son verbales. Hay una informalidad arriba y abajo; en la subsistencia y sobrevivencia; pero también la economía moderna tiene sus trabajadores informales o ilegales. Algunos consideran que ello es producto del exceso de regulación y que para “formalizar” hay que flexibilizar. Hay datos que cuestionan ello; el debate se prolonga. 

La informalidad ha sido un colchón de sobrevivencia; un “otro sendero” no violento ni sangriento, que fue una vía por los más pobres del país para sobrevivir o emerger o progresar. El Otro Sendero (De Soto, Ghibellini y Ghersi) y El Desborde Popular (José Matos Mar), libros ochenteros aunque con perspectivas distintas, se aproximaban al otro Perú, masivo y creciente, que esquivaba las legalidades del “Estado Mercantilista” o “Estado Criollo”. Pero lo critico son las informalidades tensas. La minería informal y el contrabando, por ejemplo. Articulados a formas violentas y armadas para su enraizamiento. Lo peligroso de la primera, es que es una actividad masiva, depredadora del medio ambiente y muy rentable.

El oro siempre será un buen negocio y al Estado le es cada día más difícil combatir y herir a esta actividad que avanza con pactos y alianzas anti-sociales como políticas. Un dato de Víctor Torres (para el 2015) es alarmante: 19 de cada 100 toneladas de oro producido en el Perú es ilegal o informal y 1,315 millones de dólares es el monto promedio del oro producido ilegalmente entre 2003 y 2014. Al 2012, calculaba Macroconsult, la exportación de oro alcanzó 1800 millones de dólares, más que la exportación de coca. De acuerdo a José De Echave, los mineros ilegales o informales son entre 100 mil a 500 mil personas; otros calculan 800 mil. Pero esta informalidad existe en más de 20 regiones. Es un gran desafío a futuro. El Estado debe diferenciar las informalidades pasivas de las tensas. Priorizar, cómo combatirlas y con qué capacidad institucional. Esta decisión política debe tener en cuenta que la informalidad está en todos los Perués, pero con dimensiones y peligrosidades distintas.

Publicado en Exitosa Diario, 18 de agosto del 2016