El fin de semana pasado, el Perú recibía los mayores embates de la naturaleza. Miles de víctimas, millones de pérdidas en casi todo el país. Una mayor angustia en el 90% de los limeños que después de décadas tuvieron que ensayar variadas estrategias para abastecerse de agua. El agua es el agua y su carencia es lo más crítico. Alguna futurología hace referencia a que las guerras del mañana serán por este estratégico elemento. La falta de agua en Siria explica su guerra. 

En el 2011 se inaugura la Planta de Tratamiento de Huachipa. La Planta no es poca cosa. Su función es abastecer de agua potable a 2 millones 400 mil limeños de San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas y Puente Piedra, produciendo 5 metros cúbicos de agua por segundo. Es un complemento para la principal planta que es La Atarjea, clave para Lima. Huachipa implica túneles, reservorios y ramales. Y, por lo menos durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, esta funcionó. A fines del 2015 el diario El Comercio reportó que el Consorcio Huachipa anunciaba la reparación de la bocatoma de la planta, “pero que el servicio se mantendría”. En esos días el programa Cuarto Poder había denunciado el “desmoronamiento” de parte de la obra, y del reportaje se desprende también una conclusión: “Faltó manteamiento”. Ya en esos meses la gran preocupación era cómo preparar Lima frente a lo que estamos viviendo. En un comunicado de Sedapal del 16 de marzo último (en pleno El Niño costero), en el que se anuncia la suspensión del abastecimiento del agua, dice “otra medida adoptada es la puesta en operación de 270 pozos, además de mantener la producción de las plantas de tratamiento de agua de Chillón y Huachipa”. Huachipa funcionaba.

Muy bien. Los efectos de El Niño costero o “El Niño malo” han sido inesperados; afectando a la propia La Atarjea y paralizando ahora a Huachipa. El tema de fondo es si al aprovechar esta tragedia, es responsable “politizar” el origen y futuro de la Planta de Huachipa, que podría abastecer de agua al 20% de Lima. Se dirá que las empresas brasileñas han coimeado y que la Contraloría denuncia una afectación al Estado por 90 millones de soles (que incluye el no mantenimiento después del 2011). Todo ello se debe investigar y sancionar. Pero, con esa misma lógica, ¿porque un exviceministro y exjefe de Ositrán (funcionarios de varios gobiernos y “militancias”) han sido coimeados por Odebrecht, dejaremos de usar y mantener el tren eléctrico, que puede trasladar hasta 500 mil limeños diariamente?

¿Por qué el mantenimiento y funcionamiento de Huachipa no fue preocupación del gobierno de Humala?, ¿por qué la planta Huachipa no ha sido parte de una preparación frente del fenómeno que ya se vive?, ¿hubo coimas, sobrevaloraciones, negligencias? Ello debe responderse y sancionarse. Pero hoy urge que políticos y gestores con responsabilidad hagan de la planta de Huachipa un medio más de abastecimiento de agua y nos permita resistir ante los vendavales del tiempo. Agua es vida, ¿o no?

Publicado en Exitosa Diario, 23 de marzo del 2017