El contralor y la Contraloría General de la República (CGR) están en problemas. Más allá de los resultados que se deriven en lo que el Congreso de la República pueda investigar y sancionar, lo cierto es que pocas veces un contralor se ha envuelto en tantos problemas, como es el caso de Edgar Alarcón. Las observaciones a su condición de funcionario son serias (compra y venta de autos no reportadas, etc.) y abren preguntas que ahondan dudas en una figura cuyas características deberían ser representar y simbolizar una institución rectora y creíble en la lucha contra la corrupción. Más aún en los tiempos que se vienen. 

El caso Alarcón requiere una solución política e institucional, para que la CGR no ingrese a una pendiente de ilegitimidad más pronunciada. Recordemos que el contralor fue elegido a finales del gobierno anterior, ya con observaciones. En ese entonces no fue una figura que proceda de un ámbito público o privado en que su imagen y prestigio le otorgase un reconocimiento y consenso para relegitimar la lucha contra la corrupción desde la CGR, tan opaca, ambigua y con pocos resultados como lo fue en la gestión de Fuad Khoury.

Edgar Alarcón era funcionario de la CGR, el segundo al mando de una gestión que no descubrió relevantes hechos de corrup­ción. Ahora, la cuestión Alarcón no debe servir para soslayar am­bigüedades del gobierno ante el mismo proyecto del aeropuerto de Chinchero (Cusco) y las pro­pias presiones sobre Alarcón, si se confirma lo trascendido de diálogos bastante compromete­dores en conversaciones donde más de uno grababa al interlocu­tor. De ser así crecerá la duda y la ilegitimidad ciudadana sobre las actividades de control en el sistema político, el gobierno y los proyectos de inversión.

Al reinicio de la democracia, en el 2001, el presupuesto de la CGR era de 47 millones. En el 2010 era de 226 millones y en el 2017 de 545 millones de soles. En el 2001 las encuestas referían que la pobreza y el desempleo eran los principales problemas nacionales. A partir del 2010 la sociedad peruana ha estado más atenta por la corrupción y las encuestas la consideran ya como el principal problema del país. Sin embargo, la CGR (con un presupuesto acumulado de 4400 millones de soles) no detectó y alertó sobre la creciente corrupción en los tres niveles de gobierno y, sin Lava Jato en Brasil, en el Perú todo sería “normal”.

Se debe redefinir el rol de la CGR más allá del mismo contralor. Salir de esta situación obliga a un mejor diseño institucional y otro tipo de liderazgo en una CGR de resultados en la lucha contra la corrupción. El modelo CGR actual no ha funcionado. Urge otra forma de elegir y empoderar al contralor en una nueva CGR. ¿Será posible alcanzar ello? Sí, con menos pasión, más control, consenso y paciencia. Tiempo al tiempo.

Publicado, Diario Exitosa 1 de junio del 2017