La SUNEDU acaba de emitir un ultimátum solo para las Universidades Públicas. Desde ahora hasta diciembre del 2018, en este periodo y “bajo responsabilidad”, las universidades públicas deben jubilar a los docentes que superen los 70 años. Esto es parte de la reforma que se plasma –se dice– en la Ley Universitaria 30220. 

Cuando se habla de reforma a secas se genera una disyuntiva: estás a favor o en contra. Los malos o los “populistas” son quienes se oponen a la reforma. Si no definimos o delimitamos a qué nos referimos por reforma –en este caso– universitaria, entonces vamos a circunscribir toda la reflexión sobre si aplicas o no una ley, sin ver una realidad más compleja que implica la formación de más de 1 millón 200 mil estudiantes universitarios, que debemos conectar con las perspectivas de una sociedad que aspiramos a gestionar para mejorar. Las reformas son procesos complejos de transformación que implican modificar y precisar objetivos, cambiar relaciones de poder o decisión, re-diseños institucionales y de gestión, distribución de beneficios o ingresos, una apropiación cultural por los actores del sentido de los cambios propuestos, etc.

Por ello no se puede hablar de reforma universitaria asumiendo como herejía el revisar (no derogar) la Ley Universitaria. El jubilar a los 70 años debe evaluarse; no solo por su implicancia social (ingresos de docentes capaces que pasan de 4.000 soles a 800 soles), sino porque no hay fundamento sólido para excluir de la universidad pública (y no de las privadas) a docentes en una etapa de madurez y mayor experiencia. Son incontables los talentos que excluiríamos de las aulas. La calidad docente no tiene edad límite. Existen profesores de universidades públicas y privadas “jóvenes” que no deberían dictar y mayores de 70 que aportan mucho a la formación. La docente no es una jubilación cualquiera; debe debatirse.

Sesgamos al circunscribir reformas a la aprobación de una ley o una medida toda poderosa, como disparo mágico que resolverá lo problemático. Reforma laboral se asocia principalmente a una ley de flexibilización (mutis en capacitación, redistribución o negociación salarial); como la reforma universitaria solo al cumplimiento de una ley (sesgada, débil ante el “mercantilismo” de las privadas) y sin mayores recursos. En lo universitario y la educación también, las tecnocracias transgredieron campos ajenos reduciendo mucho a micro-fórmulas salvadoras. Reformar solo desde lo económico-presupuestal sesga. Menos auto-elogios, más sociología y perspectivas multidisciplinarias no les vendría mal a los amigos de las reformas (hoy incompletas o inviables).

Publicado en La República, 1 de octubre del 2017