La remuneración mínima, RM (o sueldo mínimo), es el ingreso básico-legal de un trabajador; es un concepto universal. Pero para algunos es el fantasma que distorsiona el mercado laboral. Desde junio del 2016, la RM fue de 850 soles, 22 meses después se incrementó a 930 soles. Algunos empleadores y técnicos siempre argumentan que no es el momento para incrementar la RM; los trabajadores demandarán un incremento mayor, con la canasta básica como techo aspiracional. La dos últimas constituciones (1979 y 1993) establecieron que “las remuneraciones mínimas” se ajustan o regulan con la participación de trabajadores y empleadores. En este debate hay perspectivas divididas: algunos consideran muy positivo una RM “muy mínima” y otros consideran que una RM “muy baja” no genera productividad. 

Acá le toca al Estado establecer los mecanismos de aquella participación y negociación. Y ello se logra por medio del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, CNT, espacio institucionalizado que convoca a empresarios, trabajadores y gobierno desde el 2001. La cuestión es cómo procesar los puntos de vista, perspectivas, intereses en un mercado laboral cambiante e imperfecto; injusto y desprotector para unos y superregulado para otros; con niveles de sindicalización limitados (4%, la menor de la Alianza del Pacifico), elevada informalidad, productividades disimiles y no pocos abusos o discriminación. La mitad de los trabajadores formales e informales (7 millones) ganan menos de 1.000 soles mensuales; 6 millones ganan menos de 850 soles.

El CNT, en el contexto de su necesaria reforma hacia una mayor inclusión de actores y mecanismos más expeditivos de debate y decisión, debe precisar la cuestión del salario mínimo. El punto más elevado de acuerdo fue en el 2007, cuando trabajadores y empleadores “aprobaron por consenso” los lineamientos y factores para su ajuste periódico. En el marco del último incremento de la RM (desde el 14 de febrero al 22 de marzo del 2018), se realizaron 6 sesiones técnicas de empleadores y trabajadores, 6 reuniones bilaterales con el gobierno y tres sesiones generales. En la sesión del 15 de marzo se acordó que el gobierno establezca el incremento de acuerdo a la información técnica recibida; se incrementó 80 soles. Y, además, se acordó convocar a una nueva sesión para debatir y encargar a una comisión de alto nivel complementar los acuerdos del 2007 para precisar periodos y fuentes, llevando a una “institucionalización de los ajustes periódicos” de la RM. Darle predictibilidad al debate determinando cada qué tiempo el país evaluará el ajuste salarial. México, Colombia y Chile y la mayoría de países de la OCDE lo ajustan anualmente.

El Perú tiene una de las RM más bajas de América Latina. De los 3.4 millones de trabajadores privados en planilla, cerca de 800 mil se beneficiarán con el aumento último. De ellos, 144 mil trabajadores son del régimen agrario, la mayoría de empresas muy competitivas. A diferencia de lo que anuncian irresponsablemente algunos “observadores” muy desenfocados, este incremento de 9% no generará una “apocalipsis laboral” (miles de despidos) ni mucho menos un incremento de la informalidad. El inconsulto aumento de junio del 2016 fue de 13% y la contratación formal no decreció, contradiciendo a los que consideran que el sueldo mínimo asfixia o informaliza el mercado laboral. Entendamos la RM como un primer piso de equidad, inclusión laboral y productividad anheladas. Su discusión y definición es mejor en un marco de crecimiento, pero es simultáneamente un tema técnico y de justicia social. Ubiquémonos en el lugar del que gana ese monto o menos; no son pocos y aspiran al progreso. 

Javier Barreda, ex ministro de Trabajo. Publicado también  en La República, 16 de abril del 2018.