Los trabajadores demandan mejores condiciones laborales: mayores salarios y trato decente. Los empresarios tienen una legítima aspiración por aumentar sus márgenes de utilidad, y así afrontan los intereses de los “contratados”. Ambas pretensiones son necesarias y legítimas; y los estados median consagrando derechos a los trabajadores y compensando –distribuyendo– una tendencia a concentrar riqueza en las triunfantes economías de mercado. Así, la discusión sobre lo laboral (y el sueldo mínimo) es un tema técnico, pero al estar intrínsecamente asociado a una demanda social, es una cuestión también política. Implica tomar decisiones políticas, equilibrando lo social y lo técnico.  

El sueldo mínimo o remuneración mínima (RM) es parte de un pacto social extendido globalmente y, a nivel nacional, nuestras dos últimas constituciones lo reconocieron así. De ahí su mandato de definir la RM con la participación de trabajadores, empresarios y el Estado. Ello porque el mercado laboral no es una gama de relaciones entre “dos adultos que libremente se ponen de acuerdo” sobre el salario, es una relación donde una de las partes requiere mayor protección.

Por ello, las políticas laborales son redistributivas, protegen y compensan, ya que el mercado laboral no es solo informal y carece de competitividad, sino que tiene inequidades. Solo en el 2016, el Ministerio de Trabajo recibió 218 mil consultas de trabajadores sobre despidos, liquidaciones, hostilidades, etc.; la inspección y el patrocinio laboral son insuficientes. De ahí lo sensible socialmente que es discutir sobre una “reforma” o modernización laboral. Estos aspectos no son atendidos por especialistas y tecnócratas; al invitar ellos a una discusión sobre el salario mínimo, niegan la necesidad de su existencia (“instrumento obsoleto”) o parten de la idea de que es mejor un “salario mínimo, muy mínimo” para formalizar; o que lo formal es un “privilegio” frente a toda informalidad. Aquellos miran lo laboral sin procesar las aspiraciones por más equidad de los trabajadores. En junio del 2017 el 86% de los peruanos demandaba “mayor protección” o “protección especial” ante el despido (Pulso Perú). Y no debe sorprender que en la encuesta de abril de El Comercio-Ipsos, el 72% de los peruanos estén de acuerdo con el último incremento salarial.

A raíz de este incremento de S/850 a S/930 (9%), que beneficia a cerca de 850 mil trabajadores formales, nuevamente se argumentó que crecería la informalidad. Ni con el aumento del 2016 de S/750 a S/850 (13%) las microempresas formales dejaron de contratar e, incluso, sus contratos en planilla crecieron en 3,5%. No hay evidencia de que se generará el apocalipsis laboral que anunció el BCRP en un breve reporte. Al contrario, el empleo se está recuperando. La última Encuesta de Demanda Ocupacional del 2018 realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reporta que para este año habrá 103 mil contrataciones calificadas y semicalificadas por empresas de 20 a más trabajadores. Y de acuerdo a las últimas encuestas de variación mensual del empleo del MTPE, en la mitad del Perú ya comenzó a crecer el empleo formal.

La agenda del mercado laboral es más que “flexibilizar” para formalizar: es también equidad y capacitación. La informalidad minera tan depredadora (con casi 500 mil peruanos involucrados) no es la informalidad de los trabajadores rurales (78%) y, a su vez, es muy distinta de la informalidad de casi 5 millones de trabajadores independientes no calificados. Análogamente, la informalidad del 20% de trabajadores en grandes empresas (fiscalizables) no es la informalidad del 85% de trabajadores en las miles de microempresas.

Aquellas informalidades no están directamente relacionadas a la RM. Y formalizar no es incompatible con institucionalizar su debate anualmente en un Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE) ampliado y reformado. Recientemente empresarios y trabajadores han acordado en el CNTPE el complementar y actualizar la fórmula de ajuste salarial del 2007. Formalizar y generar mejores condiciones en el sector formal requiere un conjunto integrado de políticas de inversión, crecimiento, capacitación, innovación, desburocratización, etc. Más formalidad, equidad y capacitación en el mercado laboral exigen conocerlo bien, más una paciente negociación y persuasión, donde la política sí importa. 

Publicado en el diario El Comercio, 3 de mayo del 2018